Legitimidad

La legitimidad es la calidad particular reconocida a una entidad social y política por sus sujetos o partes, la cual le confiere su autoridad. Se asocia a las nociones de confianza, de consentimiento y de reciprocidad. Desde esa perspectiva, una situación, un actor o una institución son legítimas en la medida en que la ciudadanía los consideren satisfactorios y estén convencidos de que no existen alternativas verdaderamente mejores. Eso significa igualmente que se considera que la legitimidad está relacionada con las expectativas materiales y simbolicas de la ciudadanía

La legitimidad es un término utilizado en la Teoría del Derecho, en la Ciencia Política y en Filosofía que define la cualidad de ser conforme a un mandato legal, a la justicia, a la razón o a cualquier otro mandato cierto. El proceso mediante el cual una persona obtiene legitimidad se denomina legitimación.

En Ciencia Política es el concepto con el que se enjuicia la capacidad de un poder para obtener obediencia sin necesidad de recurrir a la coacción que supone al amenaza de la fuerza, de tal forma que un Estado es legítimo si existe un consenso entre los miembros de la comunidad política para aceptar la autoridad vigente. La legitimidad es crucial para la distinción entre poder y autoridad, puesto que la legitimidad es la cualidad que transforma el poder bruto en autoridad válida. Esto es, permite que una orden sea obedecida por un sentido del deber antes que por temor.

Max Weber define la legitimidad como la creencia social en un determinado régimen, enfocada a la obtención de la obediencia, antes por adhesión que no por coacción, lo cual acontece siempre que los respectivos participantes consideren al régimencomo válido, por lo que la legitimidad deviene fuente de respeto y de obediencia consentida. Adriano Moreira define la legitimidad, por su lado, como la relación del poder con cierto sistema de valores, como el sistema de creencias del grupo, la idea institucional o el régimen político del grupo. Según el autor cabe diferenciarla pues de la legalidad, que es la relación entre el aparato de poder y la ley.

Otras acepciones del concepto de legitimidad son:

• Filiación (legitimidad como prerogativa, por ejemplo, un hijo legítimo)
• Conformidad con la equidad, la moral, los valores compartidos
• Justificación, fundamentación o argumentación correcta o racional (ejemplo: una inquietud legítima)
• Justificación de los gobernantes como buena fortuna en aras de asegurar o monopolizar una distribución desigual de los beneficios sociales en su favor (resultado de un proceso de legitimación

“De un continente a otro, del nivel local al mundial, la actualidad no está exenta de ejemplos de divorcios, más omenos violentos, entre las poblaciones y sus instituciones. La ciudadanía ya no se reconoce, o nunca se ha reconocido, en las instituciones. Sin embargo, se supone que éstas encarnan (especialmente mediante la representación) el pluralismo que existe en la sociedad. Este foso creciente entre las instituciones y el “sentido social” que una sociedad tienede sí mismo, que està en el origen del compromiso de los actores en el juego colectivo, refleja, en sus diversas expresiones, las variaciones contemporáneas de la crísis de la política. La confianza y la adhesión de la ciudadanía al poder y a las instituciones se han debilitado, lo cual nos conduce, incluso de forma radical, a la cuestión de la legitimidad del poder político.”

“La legitimidad del estado concierne así los mismos fundamentos de las relaciones entre el estado y la sociedad por la que la autoridad delestado se justifica. Ella evoa la visión que las propias autoridades y la comunidad se otorgan de su razón de ser y de sus responsabilidades".. Frente a este estado de cosas, podemos estudiar la legitimidad desde dos perspectivas, la primera, llamada “normativa”; “retiene los criterios que un actor, institución u orden político debe satisfacer para ser considerado legítimo. Estoscriterios pueden incluir el consentimiento explícito de la ciudadanía (generalmente mediante elecciones democráticas) o la afirmación de los principios de justicia o equidad. A partir de estos criterios emergen ordinariamente consideraciones morales, a menudo basadas en los derechos humanos fundamentales” (…) “Otra forma de entender la legitimidad es “empírica“: no se refiere a los propios criterios normativos sino más bien a la cuestión de saber si, cómo y porqué las personas aceptan (o rechazan) un actor o una institución concreta. Se presta mayor atención, en este caso, a las creencias compartidas y a las percepciones subjetivas. El poder o la dominación considerados legítimos por quuien se somete a ellos pasa a denominarse entonces “autoridad” Un estado que no responde a ciertos criterios normativos puede beneficiarse de una legitimidad de facto si los gobernados lo consideran legítimo.

El economista y sociólogo alemán Marx Weber (1864-1920) distingue varios tipos de legitimidad :

• La legitimidad carismática relacionadacon una autoridad excepcional. Por ejemplo: heroes, semidioses, profetas, grandes tribunos.
• La legitimidad tradicional fundada en una tradición considerada inmemorial e incontesta ble Por ejemplo: dinastía monárquica o feudal, patriarcas
• La legitimidad racional-legal que se apoya sobre reglas impersonales e universales. En este caso la autridad que se reconoce estárelacionada con la función y no con la persona que la representa. Ejemplo: policía, revisor en un tren, funcionario público, etc.

El pensamiento chino tradicional comparte ciertos aspectos con el pensamiento de Weber, así, las justificaciones originales de la legitimidad política pueden articularse siguiendo cuatro conceptos: mandato celestial (天命, tian ming), gobierno mediante la virtud (仁治, ren zhi ), consentimiento popular (民本, min ben), y legalidad (合法, he fa). Según Guo, el régimen comunista chino actual ha añadido dos fuentes “utilitarias” de legitimidad: modernización - beneficio (利民, li min) y bienestar - igualdad (均富, jun fu).

Definiciones de legitimidad

“La nocion de legitimidad ha sido aún poco analizada desde fuera de los marcos conceptuales propios de la modernidad occidental, caarcterizados por el predominio de un enfoque legalista: la legitimidad se asimila en la mayoría de los casos a la noción de legalidad (es legítimo lo que es conforme a la legalidad) y se encuentra reducida, en ese marco, a la “legitimidad democrática” (es legítimo aquello que es conforme a la legalidad del derecho producido por el Estado moderno occidental). Es desde esa doble respectiva desde la que, hasta una época reciente, la calidad de la legitimidad del poder de un país ha sido casi siempre apreciada y evaluada en función de su mayor o menor compatibilidad con el estado de derecho tal y como se define en Occidente (y por ello a la legalidad y los arreglos institucionales correspondientes). La celebración de elecciones democráticas conformes a la tradición europea, la existencia formal de una democracia, etc. han constituído durante mucho tiempo los signos externos de la legitimidad de los estados y de sus dirigentes”.

Se pueden exponer a continuación diferentes definiciones de legitimidad, teniendo en cuenta esta primera consideración crítica sobre las enormes carencias empíricas y de diversidad cultural de la que, según la autora citada, carecen en su conjunto.

Teoría de la legitimidad en Weber

Weber acuñó una noción formal de legitimidad que sostiene que legitimidad es una "creencia en el derecho a gobernar (de los gobernantes)". En otras palabras, en la medida que la gente esté dispuesta aceptar y cumplir un conjunto de reglas, éstas pueden ser descritas como legítimas.

Weber clasifica la legitimidad en:

• Legitimidad tradicional (patriarcalismo, gerontocracia, patrimonialismo y sultanismo) y acción tradicional, la conducta mecánica en la que el individuo obedece inconscientemente a valores considerados evidentes.
• Legitimidad carismática (profetas, héroes y demagogos) y acción afectiva, la confianza total en el valor de un hombre y su destino, basada en la santidad, el heroísmo o la infalibilidad.
• Legitimidad racional-normativa y legitimidad racional-axiológica. La acción racional en finalidad en la que los individuos son capaces tanto de definir objetivos como de evaluar los medios más adecuados para el logro de estos objetivos.
• Acción Wertrational, la racionalidad basada en el valor. Cuando los individuos se inspiran en la convicción y no encaraman las consecuencias previsibles de sus actos.
• Distinción entre moral de la responsabilidad y moral de la convicciòn. El consentimiento no racional (tradición y carisma), el consentimiento wertrational y el consentimiento racional.

Weber fue el primer pensador social en enfocar el tema de la legitimidad vinculándolo a:

• dominación (probabilidad de encontrar obediencia)
• poder (probabilidad de imponer la propia voluntad dentro de una relaución social)
• relación social (reciprocidad entre dos o más individuos)

Las motivaciones que se encuentran tras la aceptación de la dominación van desde el hábito hasta la consecución de intereses propios ( tanto materiales como sociales). La estabilidad de la dominación se encuentra en la legitimidad de su subordinación. El orden más sólido es para Weber “... aquel orden que aparezca con el prestigio de ser obligatorio y modelo… con el prestigio de legitimidad”.

Tipos de dominación. Weber distingue las clases de dominación según sus pretensiones típicas de legitimidad. Observa tres tipos ideales de legitimidad en base a la diferente relación de dominio:

1. Dominación tradicional. Basada en la creencia en la santidad de los ordenamientos, dominio patriarcal
2. Dominación carismática. Se basa en la devoción afectiva a la persona del señor, dominio del profeta, del héroe guerrero y del gran demagogo.
3. Dominación legal-racional. Basada en la aprobación de un estatuto legal, dominación burocrática.

Teoría de la legitimidad en Habermas

Habermas entiende por legitimidad “el hecho de merecimiento de reconocimiento por parte de un orden político”. Según el pensador alemán, el que una legitimidad convenza a la gente depende, por un lado, de las satisfacciones que conlleve el sistema que se quiera legitimar, y por otro, de la fuerza justificativa de tal legitimación. Habermas distingue varios niveles que son “condiciones formales de la aceptabilidad de las razones que prestan a las legitimaciones eficacia, fuerza consensual y fuerza motivadora“

1. Paso de las sociedades primitivas a las tradicionales.

• Aparece una organización de tipo estatal que centraliza el poder
• La sociedad se divide en clases socioeconómicas
• La legitimación de esta organización la cumple una cosmovisión

2. De la sociedad tradicional a la moderna.

• Reducción del marco institucional, la ideología del libre mercado
• La desigualdad de poder económico se legitima desde abajo
• Del Estado Liberal al Estado Social
• Incremento de la actividad del Estado que tiende a asegurar la estabilidad del sistema
• Creciente interdependencia de investigación y técnica que convierte a las ciencias en la primera fuerza productiva.

Intersubjetividad: La legitimidad integra un elemento subjetivo o, más precisamente, intersubjetivo (en relación con la norma o con la legalidad), que expresado en modalidades de consenso, valora positivamente el conjunto normativo y en consecuencia refuerza el sistema legal. Pero el movimiento inverso también puede ocurrir y determinar una desvalorización del sistema legal. Al apoyar “subjetivamente” un régimen concreto, la legitimidad tiene una dimensión fundamental de valor.

Dos ejemplos de controversias subjetivistas en las que el nodo conceptual es la creencia o los valores, son: 1) la base de la confianza y de la legitimidad es aquel "algo" que se identifica con la suma de las subjetividades individuales similares, constituyendo la base psicológica del consenso colectivo; 2) la obediencia al régimen es el resultado de un cálculo, de la posibilidad de que el poder pueda recurrir a la coacción.

Otras definiciones

Aristóteles sostuvo que un gobierno o sistema político es legítimo sólo cuando opera en beneficio del bien común de la sociedad, antes que en beneficio del interés egoísta de los gobernantes. Rousseau y Constant por su parte sostenían que los gobiernos son legítimos si están basados en la voluntad general. Niklas Luhman establece la tesis de la legitimación por el procedimiento que criticaba la concepción tradicional y la acusaba de ficción. La legitimidad era entendida como un proceso, el resultado de una serie de interacciones, previamente estructurad en subsistemas sociales.

Para Beetham, definir la legitimidad como una 'creencia en el derecho de los que gobiernan', pasa por alto el problema de que los gobernantes poderosos tienen el poder muchas veces de manufacturar dicha creencia, mediante campañas públicas (lo que se conoce como proceso de legitimación). Por ello Beetham propuso tres condiciones que debe cumplir el poder para que sea reconocido como legítimo:

1. El Poder debe ser ejercido en conformidad con reglas establecidas, ya sea éstas estén consagradas en códigos formales legales o en convenciones informales.
2. Dichas reglas deben estar justificada en las creencias compartidas de los gobernantes y gobernados.
3. La legitimidad debe se demostrada mediante la expresión del consentimiento por parte de los gobernados.

Legitimidad en términos jurídicos

La legitimidad en térmoinos jurídicos se produce cuando una norma jurídica es obedecida sin que medie el recurso al monopolio de la ley. En filosofía moral, el término “legitimidad” es a menudo positivamente interpretado como la filosofía moral, el término "legitimidad" a menudo es positiva interpretarse como la situación normativa conferida por el pueblo gobernado a sus instituciones, organismos y acciones de gobierno, basándose en la creencia de que las acciones de su gobierno constituyen usos apropiados del poder por parte de un gobierno constituído legítimamente. Los requisitos que ha de cumplir una norma jurídica para ser legítima son tres: validez, justicia, y eficacia. Esta legitimidad se subdivide en dos legitimidad formal y material. La formal se entiende como el correcto proceder de los organos estatales con respecto a todos los procedimientos establecidos en el Ordenamiento Juridico. La legitimidad material es aquel consenso (reconocimiento) del pueblo creado en aprobacion de la ley creada o de la actuacion gubernamental.

• La validez. Se refiere a la manera en que la norma ha sido promulgada: una norma jurídica es válida cuando ha sido emitida por el órgano competente y no ha sido derogada, e inválida cuando ha sido emitida por un órgano no competente o derogada. Así, es inválida una ordenanza municipal del Ayuntamiento de Madrid que pretenda organizar el tráfico de la ciudad de Nueva York, pero son válidas las ordenanzas del Ayuntamiento de Madrid para organizar el tráfico de esa misma ciudad. La validez es expresable en términos más o menos formales y objetivos (“puede tal órgano emitir tal norma…”).

• La justicia. Se refiere al cumplimiento o no de los fines que la sociedad considera como buenos. Una norma es justa si la población considera mayoritariamente que se atiene a los objetivos colectivos de esa misma sociedad, e injusta si ocurre lo contrario, con independencia de si la considera válida o no. Ocurre en muchos lugares, por ejemplo, que se considera injusto pagar por aparcar en la vía pública, a pesar de las ordenanzas municipales son válidas y obligan a ello. La justicia se expresa en términos más o menos materiales y subjetivos (“la sociedad considera injusta tal norma…”).

• La eficacia. Se refiere al seguimiento o acatamiento de la norma. Una norma es eficaz si la población la cumple, con independencia de si la percibe como justa o válida, e ineficaz si es ampliamente desobedecida. Por ejemplo, la prohibición de aparcar en doble fila suele ser percibida por todo el mundo como algo justo, y es desde luego una prohibición válida. Sin embargo es desobedecida por la gran mayoría de los conductores. La eficacia es una cuestión descriptiva y fáctica, referida a los hechos (“ocurre un acatamiento generalizado de la norma…”).

En resumen: La coincidencia de justicia, validez y eficacia en una norma jurídica es la medida de su legitimidad. (Así pues ya que la legitimidad es graduable, cada norma jurídica será más o menos legítima).

• Cuando una norma es percibida por la sociedad como legítima es masivamente obedecida, no siendo necesaria la sanción salvo en casos puntuales. Dicho a la inversa: El cumplimiento de una norma jurídica de manera habitual y sin necesidad de recurso a la violencia suele ser prueba de que es percibida como legítima.

• Cuando una norma el percibida como ilegítima es masivamente desobedecida (a no ser que se recurra, directamente, a la sanción, y por tanto a la violencia). En general, el ejercicio habitual de la sanción y la violencia por parte del Estado para hacer efectivo el cumplimiento de una norma jurídica es síntoma inequívoco de que o bien es inválida, o bien es percibida como injusta, o bien es ineficaz (ó dos de las tres ó las tres cosas al mismo tiempo).

Construcción de la legitimidad jurídica

• Legitimidad como legalidad. Weber cree que el mero hecho de que aquellos que ejercen el poder legal para legislar, es suficiente para decir que esa legislación es legítima, siendo legítimos también los que ejercitan el poder legalmente. En la visión weberiana la legitimidad se funda directamente a partir de la legalidad. Se ha de considerar que el concepto de legitimidad está relacionada a veces con el apego a las formas jurídicas, y otras veces con la eficacia del ordenamiento jurídico, según el cual la obediencia a las normas es el termómetro para verificar la legitimidad.

• Legitimidad por el procedimiento. La legitimidad de las normas jurídicas se basa en el procedimiento según la visión de Luhmann. En su concepción, las decisiones (legislativas, judiciales o ejecutivas) son legítimas si se toman de acuerdo con el cumplimiento de los procedimientos. Luhmann desarrolla una teoría de la legitimidad que se gana a través de procesos. El sociólogo define la legitimidad como "una disposición generalizada para aceptar decisiones de contenido aún no definido, dentro de ciertos límites de tolerancia", es decir, las decisiones son legítimas cuando los destinatarios de las mismas, antes de que sean promulgadas, ya están predispuestos a aceptarlas. Según el pensador, las decisiones legítimas son aquellas que los beneficiarios pueden “predecir" como aceptables, aquellas que son previsibles.

• La construcción de la legitimidad a partir del principio democrático. Para Habermas los procesos legítimos de normalización se establecen mediante un principio de democracia. Es decir, que las normas positivas sólo pueden ser legítimas mediante este principio, el cual deviene así "medio" de elaboración del derecho. Según su pensamiento, solo es legítimo el ordenamiento jurídico que provenga de principios democráticos.

• Legitimidad como instrumento de estabilidad de un orden. Gòmez acredita que la legalidad presupone que los individuos encaren las normas que constituyen el ordenamiento como obligatorias, siendo la legitimidad un instrumento importante paramantener la estabilidad de un orden. Haciendo una lectura propia de Weber, dice que la legitimidad es una leyenda, una ideología del grupo dominante con la que éste busca justificar su posición, reduciendo la legitiidad a la autojustificación de sus actos

Campos en que la legitimidad jurídica está ausente

• Derechos Humanos. Los Derechos Humanos tan frecuentemente en boca de todos, no son desgraciadamente todavía moneda universal: Dos terceras partes de los países del mundo incumplen la Carta Fundacional de las Naciones Unidas, pese a que la totalidad de los países integrantes de pleno derecho de las Naciones Unidas, han firmado y ratificado la Carta de Derechos.

• Derecho Público. En cuanto a la relación de la administración y sus servidores con los ciudadanos, existe un grave déficit de ética y de democracia. Grandes empresas, aún siendo privadas, ante la amenaza de despidos, consiguen ver condonadas sus deudas de Seguridad Social y Fiscales. Lo mismo puede decirse de corporaciones municipales y administraciones locales.

• Garantías Judiciales y Procesales Los principios de igualdad ante la ley, de equidad, de no discriminación, y de cumplimiento obligatorio de ésta por parte de todos sin distinción, se vulneran de forma sistemática. Esto es injusto en sí mismo, deslegitima, crea desconfianza y, por supuesto, es una falta grave a la moral pública y, de los servidores del estado. Se comete así una de las más graves desigualdades en los sistemas judiciales cual es la no protección e incluso indefensión de las víctimas inocentes.

• Papel de los jueces. Los jueces hacen a menudo dejación de su más elemental función cual es actuar con independencia. Son numerosas y notorias las sentencias de jueces y magistrados que causan alarma social y estupor. Los jueces no son conscientes de que en su albedrío reposa el honor, los bienes y la vida de los ciudadanos. Los jueces, en su inmensa mayoría, no entran a valorar el espíritu de la ley, limitándose simplemente a aplicarla, actuando de meros ejecutores y garantes de un código.

• Interferencias del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. El gobierno debe mandar y atenerse a lo que el legislativo le obliga y a la vez el gobierno debe de respetar escrupulosamente la independencia del Poder Judicial.

Legitimidad en Filosofía

La legitimidad en filosofía se considera respecto al conocimiento como saber; es decir, como conocimiento justificado. No se trata del conocimiento como legítimo en sí, cuya competencia correspondería a cada sujeto de forma individual. Nos referimos al “reconocimiento social” del discurso del saber como portador de un contenido verdadero por la legitimidad o, reconocimiento de autoridad, de quien lo pronuncia. Legitimidad aceptada por la comunidad científica en su caso, filosófica en otro, cultural, deportiva, etc. respecto a quien construye o define el discurso como competente.

El problema de la legitimación del discurso o relato viene de la mano de la problemática generada en la segunda mitad del siglo XX cuando la ciencia reconoce la influencia de los paradigmas sociales y culturales en los cuales se reconoce la ciencia misma.

La idea de la legitimidad de la ciencia en cuanto tal por su contenido ha sido prácticamente abandonada por la mayoría de los filósofos actuales, una vez establecida la provisionalidad de las teorías científicas así como la imposibilidad de un sistema completo de razones justificantes del conocimiento humano.

Es por ello que algunos llaman a la época actual una sociedad de expertos, en quienes se deposita la legitimación de discursos de “segundo nivel” o “metarrelatos”.

"En este sentido el verdadero intelectual ha de oponerse a la especialización que predomina en el mundo académico actual, ha de reconocerse como un amateur. Y esto por dos motivos, en primer lugar, porque muchas veces a través del recurso a la especialización se intenta que determinados temas no se debatan públicamente, en suma se atenta contra la democracia, Y en segundo lugar, porque la perspectiva que traspasa fronteras puede llegar a ser mucho más amplia y enriquecedora, pues permite ver conexiones quede otra forma no saldrían al a luz. Dicho de forma coloquial, muchas veces los árboles no nos dejan ver el bosque.

La función del intelectual habrá de ser, por tanto, la de un disidente impopular -al menos, impopular para el poder establecido-, habrá de realizar la función de quien rehuye confirmar las convenciones al uso y hace preguntas embarazosas, "buscando con ello recuperar la memoria de las personas olvidadas, de los humillados y ofendidos; en suma, hacerse portavoz de los grupos que carecen de representación o cuya voz está en clara desventaja." Si hay algo a lo que debe oponerse el verdadero intelectual es a lo que Said ha denominado la perspectiva imperial, esa forma de contemplar o analizar una realidad social distante en la que ésta queda subordinada a nuestros intereses, a un punto de vista en el que el otro queda inevitablemente sometido y es visto como súbdito...

¿Qué es lo que en cualquier situación debe reclamar el filósofo? No otra cosa que la aplicación estricta de principios universales. Como afirma Said: que todos los seres humanos tienen derecho a esperar de las naciones y de los poderes mundanos normas decentes de conducta en lo que se refiere a la libertad y a la justicia, y que es necesario que se denuncien las violaciones deliberadas o inadvertidas de las mismas."

Legitimidad en sentido político

Si la legitimidad jurídica se refiere a la ley, la legitimidad política se refiere al ejercicio del poder. El poder político que es percibido como legítimo será mayoritariamente obedecido, mientras que el percibido como ilegítimo será desobedecido, salvo que se obtenga obediencia por medio de la violencia del Estado.

La idea de legitimidad se refiere en primer lugar y sobretodo al derecho a gobernar. La legitimidad es el reconocimiento del derecho a gobernar. En este sentido, se trata de ofrecer una solución a un problema político fundamental, que consiste en justificar al mismo tiempo el poder político y la obediencia a ese poder.

Bellina considera que la legitimidad del poder político es dinámica y resulta de la interacción entre sus fuentes. Según ella, “Más allá de la calidad de cada fuente de legitimidad, lo que importa también en términos de legitimidad del poder, son las relaciones que cómo tales existen entre estas fuentes. Las interacciones entre las fuentes de legitimidad constituyen en sí mismas otras fuentes de legitimidad y vectores de legitimación del poder, el cual se define como un proceso de interacción entre actores y estructuras. Cualquier reflexión sobre la legitimidad del poder nos obliga a trascender la lógica de la técnica institucional y a ver el proceso que los politólogos denomiman "fabricación del poder” y los juristas “institucionalización del poder”.

Así, para esta autora, las cuestiones que consecuentemente adquieren un peso central, son las siguientes: “¿Cómo analizar estas interacciones entre fuentes de legitimidad? ¿Cuáles son sus manifestaciones concretas y cotidianas? ¿Cuáles son los tipos de interacciones favorables al proceso de legitimación del poder político? Bellina se propone así el estudio de la hibridación entre las fuentes de legitimidad, y reflexiona sobre el estado de pluralismo normativo: “El pluralismo normativo se refleja en una normatividad híbrida que es el resultado de dosis efectuadas por los agentes de acuerdo a sus necesidades (materiales y simbólicas), de sus estrategias y objetivos, de sus estatus, de sus interpretaciones de una situación determinada y de sus interacciones con las otras estructuras y los otros actores. Se expresa en términos de enmarañamiento (embeddedness) encabalgamiento (arraigo), de confrontación, de imbricación, de desvío, etc. entre la legitimidad llamada "legal-racional" y las diferentes órdenes normativas vividas y puestas en practica cotidianamente por las personas (normas religiosas , tradicionales, sociales, morales, legales, etc.) Estas interacciones, que los sociólogos y los antropólogos del derecho llaman "internormatividad”, revelan que, en la mayoría de los casos, el reconocimiento y/o incorporación (por codificación o interpretación del derecho consuetudinario, por ejemplo) de estas diversas fuentes de derecho dentro de la legalidad oficial, no son suficientes para traducir "el género de preferencias y de prácticas culturales que sustentan la legitimidad política".

Condiciones de legitimidad

Desde un punto de vista teórico o normativo, he aquí algunas condiciones delegitimidad:

• Consentimiento. Desde que las instituciones políticas actúan como garantes del espacio público - es decir, de las relaciones de reciprocidad que existen entre los individuos dentro de una sociedad - es lógico que el papel que desempeñan en la coordinación y en dirigir los asuntos colectivos tengan carácter de ley, sólo en la medida en que tengan el acuerdo de la población. El consentimiento necesario para el ejercicio rutinario del derecho también asegura su correcto desarrollo. Consentir es aceptar una situación que incluye una parte de renuncia, que se manifiesta mediante el deber de obedecer. Es en este sentido que la relación basada en los derechos entre los gobernantes y los gobernados se percibe en términos de autoridad política. La cuestión de la legitimidad lleva al problema de la autoridad porque ésta es una relación de mando-obediencia.

• Normas. La legitimidad requiere que se tomen en consideración las normas, aunque sólo sea porque una de sus condiciones es que se necesite llegar a entender en qué debe consistir la acción de gobernar. Porque gobernar es un acto de jure sólo cuando los que mandan y los que obedecen se han puesto de acuerdo entre ellos sobre los valores que la política debe promover como objetivo.

• Valores. Constituyen la sustancia de los derechos. El requisito previo para la existencia de un derecho es un valor. En efecto, teniendo en cuenta que un valor, considerado de modo general, establece lo que es preferible, sería contradictorio e incluso absurdo, imponer el respeto de lo que no es deseable, y por lo tanto erigirlo en derecho. Esto llevaría, por ejemplo, a conceder el derecho al robo, al mismo tiempo que se reconociera que el robo es un acto condenable.

En términos generales, las normas son, en primer lugar, criterios interpretativos que sirven como elementos para valorar y evaluar la realidad y, en segundo lugar, guías para la acción. En este sentido, todos los valores contienen una dimensión normativa. Tan pronto como se observa que una de ellas corresponde a una forma de comportamiento o a un objeto, ese valor se convierte, para los que se adhieran a él, en una norma de la evaluación en términos de que se considea apropiado para actuar.

Desde un punto de vista empírico, la legitimidad se refiere al sentimiento de las personas de que el poder político es ejercido por “buenas” personas, siguiendo “buenas” prácticas y en aras del interés común. La legitimidad, a diferencia de la legalidad, tiene de carácter subjetivo: es la adscripción profunda de las personas y del conjunto de la población la que conforma la manera en que un país es gobernado.

Existen cinco criterios posibles de legitimidad o "condiciones para una gobernanza legítima":

• Responder a una necesidad sentida por la sociedad. Cualquier gobernanza crea un equilibrio entre la protección de la autonomía individual y las limitaciones impuestas en nombre del bien común. Cuando el bien común deja deser urgente o evidente, cuando los objetivos no están claros o los medios para alcanzar estos objetivos no son transparentes, las restricciones impuestas en nombre del bien común pierden su legitimidad y todos tratan de eludirlas. Todos o casi todos los países han conocido legislaciones de excepción que corresponden a situaciones en las que la sociedad se ha sentido amenazada y en las que esta amenaza ha justificado la suspensión temporal de las libertades, un esfuerzo de solidaridad fiscal concreta o el sacrificio de vidas humanas. La restricción se acepta de forma proporcional a su necesidad. Se puede verificar esta regla en muchas empresas, donde la evasión fiscal es un deporte nacional y donde, sin embargo, las comunidades más pequeñas no tienen ningún problema para contribuir a la consecución de una obra de interés común. Por tanto, es necesario reducir al mínimo las reglas uniformes "dictadas desde arriba", que no permiten que las comunidad pequeñas se reapropien la necesidad en la que se basan estas reglas. Por ello hau que remitir regularmente cualquier regla a su contexto y a las necesidades que causaron su nacimiento.

• Basarse en valores y principios comunes y reconocidos. No hay, por una parte, valores colectivos que se aplican a las instituciones, y por otra, valores individuales, que se aplican a la persona. Los dilemas sociales - entre libertad y bien común, entre la defensa de los propios intereses y el reconocimiento de los de los demás, entre la paz y la justicia, entre la preservación de la identidad y la necesidad de progresar, etc ... – aparecen también a nivel individual. El imperativo de la responsabilidad no es exclusivo de los gobernantes, sino que tiene que ver con cada persona, y todo actor social tiene sus propios deberes. Esto significa en particular que los principios de responsabilidad, como los derechos humanos en sí mismos, deben ser redescubiertos, reinventados, generación tras generación. Por otro lado, la legitimidad de la gobernanza depende de sus raíces culturales. Cada sociedad ha inventado a lo largo de su historia, su propia manera de regular sus propias concepciones de la justicia, la resolución de conflictos, la preservación del bien común, los recursos naturales compartidos, y la organización y el ejercicio del poder. El arte de conciliar unidad y diversidad debe aplicarse a la gobernanza en símisma puesto que conciliar los principios universales con su interpretación desde la perspectiva de su propia cultura particular.

• Ser equitable. Cuando aquellos que carecen de conocimientos, recursos o redes de influencia suficientes, descubren que en la práctica no pueden defender sus derechos, cuando los abusos de poder son comunes y los remedios son ineficaces o disuasivos en coste y tiempo, el sentimiento de equidad desaparece. Muchas veces importa menos a una persona o a una comunidad, saber que una decisión se ha desarrollado siguiendo los cauces legales, que garantizar que su punto de vista ha sido escuchado, entendido y tenido en cuenta. Y así los mecanismos democráticos tradicionales, compatibles con la tiranía de la mayoría, no son suficientes para garantizar la legitimidad de la gobernanza. A nivel mundial, la política de la cual cuenta cada vez más em tiempos de mundialización, los mecanismos de gobernanza, para ser legítimos, deben haber estado realmente negociados con todas las regiones del mundo y ser considerados equitables. Y lo más importante, las prioridades deben reflejar las verdaderas preocupaciones de los pueblos más numerosos y más pobres. Mientras lo que es aceptable o no de ser negociado sea decidido solamente por los países ricos (por ejemplo, la circulación de mercancías, sí, la circulación de personas, no, los modos de desarrollo de los países pobres sí, el cuestionamiento del modo de vida de los países ricos, no, los permisos negociables sí, la propiedad de los recursos naturales, no, etc), la gobernanza mundial y las limitaciones que derivan de ella serán aceptadas por todos los países sólo de palabra.

• Ser ejercida de forma eficaz por gobiernos eficaces y dignos de confianza. Independientemente de los controles y contrapoderes que limitan sus acciones y sus excesos, es la legitimidad de los gobernantes – desde los políticos a los funcionarios subalternos – la que les da derecho a imponer y a exigir el bien común. La legitimidad de un gobernante como la de cualquier persona que ejerza un poder determinado, procede de varias consideraciones: el poder se ejerce siguiendo unas normas; el poder es ejercido por personas que tienen derecho a su ejercicio (por nacimiento, historia, capacidad, experiencia); el poder se utiliza realmente para beneficio del bien común. Es por eso que la justiciabilidad de los gobernantes es esencial, incluso a nivel simbólico, para garantizar que quienes ejercen el poder en nombre de la comunidad se merecen la confianza depositada en ellos.

• Aplicar el principio de la “mínima restricción” . El arte de gobernar consiste en obtener al mismo tiempo más unidad y más diversidad. Podría ser definido por el principio de “mínima restricción” para lograr un bien común: alcanzar un objetivo de bien común limitando tanto como sea posible las restricciones impuestas a cada uno para lograrlo. La legitimidad de la gobernanza será aún mayor si ha demostrado su capacidad para concebir dispositivos adecuados a sus objetivos.

Fuentes de legitimidad

Las fuentes "clásicas"

El estudio tradicional de la legitimidad ha sido llevado a cabo en su mayoría por y desde la perspectiva del pensamiento político y filosófico racionalista occidental, y ha identificado un conjunto determinado de fuentes de legitimidad que por un lado no es definitivo y por otro, no atiende a la cuestión de su hibridación.

Max Weber identificó tres fuentes de legitimidad política:

• Autoridad carismática que deriva del carisma del lider y que se basa en la percepcoión de que él o ella posee atributos sobrenaturales. Ejemplos: jefe de clan, sacerdote, ayatollah.
• Autoridad tradicional que proviene de la tradición, en la que los gobernados aceptan la legitimidad de una forma de gobierno debido a su longevidad a causa de la costumbre. Por ejemplo: monarquía
• Autoridad legal-racional derivada de la percepción popular de que el poder del gobierno deriva de la costumbre y el derecho establecido (una constitución política). Por ejemplo, la democracia representativa y su funcionamiento mediante elecciones periódicas.

El politólogo francés Mattei Dogan considera que la tercera fuente weberiana, la autoridad legal-racional, ha evolucionado en el mundo contemporáneo de manera que a causa de sus permutaciones no se puede seguir hablando de una sola fuente de autoridad legitimada.

Otras fuentes

• Autoridad mediadora-comunicativa es aquella que establece su legitimidad a partir de su capacidad de mediar entre opciones y de organizar y animar la deliberación libre entre iguales que permita una emergencia permanente y diversa de la voz ciudadana.

Para Pierre Rosanvallon “la legitimidad en las urnas ha disminuído a causa de la desacralización de las elecciones que se reducen a una mera designación de gobernantes. En cuanto a la legitimidad complementaria de un poder administrativo al servicio del interés general y público, también ha disminuido debido a la pérdida de credibilidad de la élite. Por lo tanto, se necesita iniciar “una nueva era de la legitimidad" que podría adquirir el cráter de una verdadera revolución aunque aún no estuviera bien definida. Según el autor esta nueva etapa se habría iniciado en la década de 1980 y habría estado provocada por la mutación económica que supone el paso de una economia estandardizada a una “economía de la particularidad”

En efecto, las nuevas expresiones de la legitimidad democrática tendrían por objetivo satisfacer los tres requisitos de imparcialidad, reflexividad y proximidad. Esto se manifestaría mediante instituciones de supervisión o control como autoridades administrativas independientes, que serían responsables de producir una legitimidad basada en la imparcialidad; mediante instituciones de apelación y revisión como los tribunales constitucionales que formarían una legitimidad de reflexión, y un arte de gobernar en interacción con las diferentes minorías que garantizaría una legitimidad de proximidad.

Nuevass clasificaciones

Bellina et al. proponen una clasificación diferente de las fuentes de legitimidad que consideran más operativa en comparación con la clasificacion weberiana en tipos ideales.

• Legitimidad “por los procedimientos” (input legitimacy)
• Legitimidad "por los resultados" (output legitimacy)
• La legitimidad internacional.
• La legitimidad por las creencias compartidas (Ver los tipos de legitimidad política)

Algunas de estas fuentes, según los autores citados, están relacionadas estrechamente y se refuerzan mutualmente, mientras que otras se contraponen. Pero a menudo, garantizar la seguridad, los principios jurídico-racionales y la representación democrática, son consideradas más importantes para la legitimidad del estado, que otras fuentes de legitimidad. Sin embargo, en general, no hay ninguna razón a priori que hace que una fuente de legitimidad deba ser considerada más importantes que otros. (...) Un Estado cuya legitimidad descansa en gran medida en una o pocas fuentes de legitimidad es inherentemente inestable.

La interacción entre fuentes: el pluralismo normativo

La división clásica ignora la cuestión de la hibridación entre las diversas fuentes de legitimidad, de cómo esta interacción se lleva a cabo, y de la existencia, en muchos países del mundo, de un estado real de “pluralismo normativo”. Sin embargo, según Bellina, es “la relación entre estas diferentes fuentes de legitimidad así como la calidad de una u otra de estas fuentes, lo que importa más para la legitimidad del estado. (…) Para ser legítimo, el poder político debe saber encarnar esta complejidad ”

"La coexistencia de diferentes sistemas normativos dentro de un grupo o sociedad dada caracteriza una situación de pluralismo normativo. La legitimación del poder político establecido no se basa por lo tanto en una fuente de legitimidad, ni en muchas, consideradas separadamente o acumuladas. Pues los análisis y las políticas en que se basan, a menudo conceden un lugar preponderante a algunas fuentes de legitimidad, especialmente a la legitimidad internacional y a la legitimidad por los resultados (output), las cvuales son por otro lado abordados por una lógica "jurídico-racional" adjunta al poder político formal, encarnado en el Estado y en la concepción moderna y occidental de éste. No sólo eso distorsiona el análisis de la realidad, sino que socava el anclaje sociológico del poder político.

Un Estado que ignora la diversidad de las fuentes de legitimidad corre el peligro de sufrir el desafío y la competencia – y por ello debilitarse – de otras fuentes de legitimidad, con los excesos a lo que esto puede conducir. Desconectado de su ciudadania y de sus reglas, ligado a la legitimidad internacional, puede convertirse en un tipo de estado que se denomina “suspendido" (suspended state), que la ciudadanía no considera como la autoridad política primera: las normas y leyes que produce son sólo parcialmente reconocidas y aceptadas por todos los actores (población, sociedad civil, sector privado, algunos sectores del propio Estado, entidades locales, etc.)

Un ejemplo: las elecciones adquieren mayor legitimidad cuando los individuos comparten creencias comunes y expresan consecuentemente la "voluntad colectiva de la nación." Si ellas no encarnan estas creencias compartidas, las elecciones no será nada más que un ejercicio formal (...) Sin embargo, un tipo de prácticas como las elecciones, puede contribuir a producir creencias socialmente compartidas.”

Legitimidad en las diferentes formas de gobierno

• Constitucionalismo. El concepto político moderno de constitucionalismo establece el derecho como elemento supremo por encima de la voluntad privada, integrando el nacionalismo, la democracia, y el gobierno limitado. La legitimidad política del constitucionalismo se deriva de la creencia y la aceptación populares de que la acción del gobierno es legítima por respetar el derecho codificado en la constitución política. El politólogo Carl Joachim Friedrich, dijo que el constitucionalismo, al dividir el poder entre los órganos de gobierno, restringe efectivamente la acción gubernamental mediante el derecho codificado. (ver "controles y contrapesos")

• Monarquía. En una monarquía, la legitimidad de gobierno del rey o de la reina deriva de la percepción popular (tradición y costumbre) de que él o ella son el gobernante legítimo, por causa del derecho divino de los reyes. En el mundo contemporáneo, en el siglo XXI, la legitimidad política se manifiesta en la monarquía absoluta de la Casa de Saud en Arabia Saudita. Su variante, la monarquía constitucional, se basa en una combinación de autoridad tradicional y autoridad legal-racional, con el fin de mantener una unidad nacionalista (un pueblo) y una administartion democrática (una constitución política).

• Democracia. En una democracia, la legitimidad del gobierno se deriva de la percepción popular de que el gobierno se rige mediante principios democráticos, y es legalmente responsable ante su pueblo.

• Totalitarismo. Los estados fascista y comunista de partido único afirmaban la legitimidad de sus mandatos por haber ganado una revolución o por haber ganado unas elecciones y por ello, consideraban sus acciones legítimas, es decir, autorizadas por “el pueblo”. A principios del siglo XX, el comunismo basaban sus argumentos en el carácter científico del marxismo, mientras que en la década de 1930, basándose en la tradición, el nazismo alemán y el fascismo italiano respectivamente afirmaban su legitimidad políticamediante la “negación” filosófica de la legitimidad política de los gobiernos liberales democráticos electos.

Legitimidad en estados frágiles

"Para entender cómo la legitimidad está vinculada a la fragilidad del Estado, es necesario adoptar un enfoque empírico e interrogarse sobre lo que las personas consideran como legítimo. También es esencial comprender las relaciones de poder locales – interiores a la sociedad, perotambién entre el Estado y los diversos grupos sociales. Los contextos son muy variados, y de ahí se deduce que la naturaleza de los problemas de legitimidad a los que enfrentan los Estados, así como las causas de estos problemas, son variados.

Cuando la autoridad del Estado no está firmemente establecida, los enfrentamientos políticos (procedimientos para la negociación, compromisos y conflictos) no conciernen sólo las opciones políticas en conflicto: se centran sobre el estatus propio del Estado como autoridad suprema. Cuando las instituciones del Estado no están en condiciones de reivindicar, con éxito razonable, el monopolio de la violencia legítima, su autoridad no está institucionalizada. (...) Los estados en situaciones de fragilidad se caracterizan a menudo por su falta de autonomía con respecto a su sociedad, la falta de distinción clara entre esfera pública y privada (redes clientelares, patrimonialismo y neopatrimonialismo) y el fracaso de las relaciones constructivas entre las dos esferas"

"Las negociaciones, las concesiones mutuas y los conflictos no sólo conciernen las preferencias políticas, también se centran en la naturaleza de la dominación que el Estado pretende ejercer sobre un territorio o una población, pero su impacto real en la organización de la vida cotidiana disminuye. Obtiene su poder a partir del orden constitucional, del reconocimiento internacional y de su capacidad para hacer valer su soberanía por la violencia y la coerción, sin desarrollar "relaciones constructivas con la sociedad."

Para muchos autores, algunos estados son débelies porque sus sociedades son demasiado fuertes e independientes para que puedan ser "domesticadas". Las sociedades de Filipinas, Líbano, México o Sierra Leona son citadas con frecuencia como ejemplos que ilustran este fenómeno. Sin embargo, la realidad suele ser mucho más compleja: ella refleja más bien refiere dos actores débiles que no logran establecer relacines permanentes y mutuamente constructivas (...) Ni el Estado ni los groups sociales no son entonces capaces de monopolizar el poder legítimo y obligar a otros grupos a cumplir con sus leyes. Tienen lugar entonces negociaciones y mercadeos difícilese informales, que no consiguen dar lugar al surgimiento de instituciones. "

La legitimidad del Estado por lo tanto, variará de acuerdo a criterios territoriales y comunitarios. En un mismo territorio, el nivel de connivencia que las diferentes comunidades son susceptibles de sentir hacia el Estado puede variar considerablemente, dependiendo de muchos factores: sus relaciones pasadas con el Estado, su experiencia histórica de una organización de tipo estatal, la coherencia de los sistemas locales de organización, la fuerza y la legitimidad de los dirigentes y del poder real y las relaciones efectivas de éstos con los líderes del estado. Algunos grupos tienen una fuerte relación con el Estado mientras que para otros esta relación es débil o incluso conflictual.

Para un estado dotado de escasa capacidad de acción, un clientelismo, o neo-patrimonialismo generalizados puede representar la táctica más eficaz para imponer su dominación y prevenir conflictos violentos. Los Estados frágiles a menudo mantienen una relación ambigua con otros actores: aplican normas, reglamentos y procedimientos oficiales y sancionados por el Estado a procesos informales. El Estado es asi parcialmente "capturado" por grupos sociales que tratan de “devorarlo” desde dentro, ajustando ciertas funciones estatales según sus necesidades e intereses. Por otra parte, las sociedades, comunidades o poderes legítimos "tradicionales" pierden sus características, siendo profundamente influidas y transformadas por las políticas e intervenciones del Estado omnipresente, por débil que éste sea, y por sus líderes "modernizados".

Por último, el neoliberalismo socava el estado frágil de dos maneras. En primer lugar, las políticas neoliberales afectan a los fundamentos sociales de un proyecto de construcción del Estado impidiendo a los agentes potenciales de este fortalecimiento de desarrollar políticas susceptibles de forjar alianzas entre actores interesados. En segundo lugar, la estructura de la economía mundial genera intereses que son mejor atendidos sin un estado fuerte, ofreciendo a los dirigentes ingresos alternativos de substitución (políticas de los señores de la guerra, contrabando, exportación de minerales, ayuda) (...) Así, no són solo los medios (políticas, estrategias) los que deben adaptarse al contexto, sino también los fines. No pueden establecerse por todas partes el mismo tipo de legitimidad y el mismo tipo de Estado (final). No existe una receta estándar para el fortalecimiento del estado ni un modelo estándar que pueda aplicarse universalmente.

Bellina et al. establecen un conjunto de recomendaciones para los donadores externos a los estados frágiles:

1. Principios de Acción

• Toda intervención en situaciones de fragilidad debe centrarse en la relación entre el Estado y la sociedad.
• Si bien es importante garantizar que los recursos asignados no sean objeto de apropiación indebida, es igualmente importante tener en cuenta que el respeto de condiciones políticas pueden socavar la legitimidad del Estado que se propone 'aidert
• El principal desafío para los donantes es admitir que la forma de consolidación del Estado que consideren más eficaz no es necesariamente la que parece más legítima a los ojos de los actores internos
• Cualquier intervención de actores externos afecta a las posiciones relativas de los diversos grupos locales y por ello es intrínsecamente política

2. Método de acción: contexto, flexibilidad, compromiso

• Tener en cuenta la especificidad del contexto y del objetivo. Abandonar las iniciativas de tipo “estándar”.
• Desarrollar enfoques flexibles que puedan adaptarse y modificarse con el tiempo: I) un fuerte compromiso por la democracia participativa II) el establecimiento de objetivos claros que puedan concretarse en un tiempo dado III) el establecimiento de objetivos intermedios IV ) promover evaluaciones sistemáticas y ajustes temporales.
• No ignorar a los diferentes actores: se mejora con las intervenciones a nivel de actividades en lugar de a nivel de organizaciones.

3. Líneas estratégicas de acción: dónde concentrar los esfuerzos

• El objetivo de los donantes debe ser promover un compromiso constructivo entre los diferentes actores.
• Mejor tomar en cuenta e integrar la legitimidad de las reglas tradicionales y el derecho consuetudinario en el estado, y apoyar los espacios y mecanismos de diálogo y la negociación entre todos los actores.
• El personal internacional y local, deberán formarse en este nuevo tipo de enfoque
• Organizar estudios que analicen con el mayor detalle el impacto de las prácticas de los donantes sobre la legitimidad de los Estados frágiles.

Tipos de legitimidad política

El trabajo de Bellina establece una tipología práctica de legitimidad política que responde a la misma división de las fuentes de legitimidad que propone, es decir: legitimidad "por el procedimiento" (input legitimacy), legitimidad "por los resultados" (output legitimacy), legitimidad internacional y legitimidad simbólica

• Legitimidad "por el procedimiento" (input legitimacy) tiene que ver con la cuestión de cómo funciona el Estado. La legitimidad del Estado está ligada por las normas y procedimientos a través de las cuales se elaboran y adoptan decisiones vinculantes (procesos participativos, gestión burocrática, justicia). Aquí encontramos las nociones de participación, responsabilidad, transparencia, en definitiva, mecanismos que afectan las relaciones entre el Estado y sus ciudadanos.

• Legitimidad "por los resultados" (output legitimacy) corresponde, a su vez, a lo que hace el Estado. Se define en términos de la eficiencia y la calidad reconocidas por los servicios prestados de acuerdo a las expectativas de las personas (seguridad, servicios sociales, etc.).

• Legitimidad internacional se refiere al reconocimiento externo de los estados, los regímenes y los gobiernos. Se basa en el derecho internacional fijado entorno a de normas consideradas universales, tales como los derechos humanos. Sea mediante el derecho internacional o mediante las instituciones internacionales, esta legitimidad tiene una gran influencia sobre los derechos de los Estados, en particular los Estados en desarrollo o en situaciones de fragilidad en los que, en la mayoría de los casos, las expectativas de la gente no coinciden con las de los actores internacionales. Un hecho que, por otro lado, no sirve solo para los países del Sur: basta observar las relaciones entre la UE y sus ciudadanos. Esta división entre la legitimidad internacional y las expectativas nacionales es aún más pronunciada cuando las normas internacionales tienden a imponer un modelo político y económico (planes de ajuste estructural, "buena gobernanza"...) que hace caso omiso de las especificidades de las sociedades. Atrapados entre la espada exterior y la pared interior, los estados son incapaces de satisfacer simultáneamente los dos tipos de expectativa, o explotan esta tensión para hacer jugar una legitimidad contra la otra. Es evidente pues que "cualquier normativa y/o acción internacional, por técnica que sea, afectará a las posiciones de los diversos grupos y a los modos de regulación local y como tal, es intrínsecamente politica".

• Legitimidad simbólica, por último, se basa en las creencias compartidas quefundan el reconocimiento del Estado por el pueblo como la autoridad política suprema y como la encarnación del sentido de comunidad y la identidad de la sociedad en cuestión. A menudo subestimada o ignorada, esta legitimidad es fundamental para comprender la realidad y para establecer cualquier definición de políticas más legítimas.

Legitimidad política e interculturalidad

La no representación o defensa de los intereses de las minorías en un Estado, concretamente las minorías culturales, puede ser una causa importante de ausencia de legitimidad. Esta afirmación puede traducirse, en situaciones y culturas diferentes, bajo la forma de propuestas diferentes. Por ejemplo, en Francia, para algunos, se necesita un reconocimiento de las identidades culturales no para debilitar el Estado sino para refundarlo desde una visión plural, diferente a la homegeneización del orden republicano, que sea capaz de armonizar la expresión de la diversidad cultural con la unidad de ciertos valores:

"Se trata de rehacer la unidad nacional, de reconstruir una ciudadanía fragmentada con todo su aparato jurídico e institucional y su sistema de valores, no sobre la base de la exclusión de las particularidades que existen dentro de la comunidad nacional, sino sobre el principio de inclusión, del reconocimiento del valor para la comunidad nacional de las contribuciones particulares que aporte cada actor social, individual y colectivo. "Reconocimiento de las contribuciones", esto significa claramente que las diferencias culturales, incluso identitarias, y también territoriales, no acceden al espacio público común y de las bases éticas, jurídicas e institucionales en las cuales y gracias a las cuales éste pude desarrollarse.

En otros contextos como es el cas de América Latina, hace falta desarrollar una autonomía cultural, especialmente entre los pueblos originales amerindios, que permita una reconciliación de éstos con el Estado, históricamente ignorado por estar percibido como vinculado a la civilización europea invasora:

“Las conquistas sociales obtenidas por los pueblos amerindios a través de reformas constitucionales pueden verse (…) como un proceso de legitimación del Estado frente a dichos pueblos y de validación de la dominación política que aquellos ejercen sobre éstos. La capacidad de intervención de los Estados en el seno de la vida social de los grupos indígenas, a través de disposiciones legislativas y administrativas que desarrollan las conquistas alcanzadas, aumentan en la medida en que se obtienen mayores logros jurídicos, logros que buscan, precisamente, una mayor autonomía en dichas agrupaciones humanas.” (…) Igualmente, en las sociedades con diversidad étnica y cultural debe existir un verdadero consenso político que dé soporte legítimo al propio Estado. Las decisiones deben fundarse en el respeto a la autonomía cultural, para lograr la convergencia en el bien común y sea posible obtener el consentimiento real y no la imposición”.

Relación con otros conceptos

• Legalidad

La legalidad es solo una de las fuentes de construcción de la legitimidad si bien su desarrollo teórico e histórico ha sido confundido a menudo con el de la legitimidad. De esta manera, el estudio de la legitimidad, llevado a cabo tradicionalmente desde un enfoque legalista, se ha reducido en la mayoría de los casos al estudio del cumplimiento de la legalidad, despreciándose el carácter social y cultural del acto de legitimar y con él la primacía ciudadana en la atribución de valor y de juicio sobre la actividad de los grupos y entidades concretos especialmente aquellos que son generadores de poder.

"La intervención armada de la OTAN en Kosovo en 1999 es ilegal según el derecho internacional, pero ampliamente considerada legítima. La invasión estadounidense de Irak en 2003 fue ilegal e ilegítima al mismo tiempo, aunque hubo intentos unilaterales para legitimarla, usando el precedente de Kosovo. Las sanciones contra Irak, antes de la invasión de 2003, eran legales, pero vistas por muchos como ilegítimas. Estos ejemplos son sintomáticos de una amplia desconexión entre legalidad y legitimidad que afecta muchos campos de la esfera internacional. La legalidad no es el único criterio para determinar si el comportamiento de un Estado es aceptable. Otros criterios de tipo humanitario, ético y político desempeñan un papel significativo en las relaciones internacionales modernas.

En circunstancias extremas, la legitimidad puede dar lugar a una flexibilidad constructiva en el derecho internacional, como lo demuestra la intervención de Kosovo en 1999. Por el contrario, la guerra de Irak en 2003 demuestra los peligros de abusar de una tal flexibilidad tales. En el pasado la ausencia de un discurso de legitimidad dio lugar a la condena inmediata de acciones jurídicamente inciertos.

Hoy en día se desarrolla esta flexibilidad y los reclamos de legitimidad son más frecuentes, ya sea reforzando o desafiando la legalidad. La legitimidad puede fortalecer la legalidad, mejorando el poder indiscutible de normas basadas en tratados o en la práctica consuetudinaria. Sin embargo, la legitimidad de estas leyes puede ser socavada por la incapacidad estructural para responder a problemas urgentes. Cuando las leyes son vistas como limitadas, obsoletas, o perjudiciales para las personas, la legitimidad puede ser una fuerza correctiva, invocada como un medio para la justicia global, la dignidad humana, la protección urgente, o la seguridad del medio ambiente. La Legitimidad necesita a la ley tanto como la ley necesita la legitimidad – la ley no puede ser respetada si se considera ilegítima, mientras que los reclamos a favor de la legitimidad deben basarse en el desarrollo de la ley para evitar el oportunismo."

Hacer referencia a la legitimidad no es, por supuesto, un acto neutral: el que lo hace tiende, en mayor o menor medida, a usar un principio de autoridad. Puede tratar, por ejemplo, de mostrar su apoyo a una autoridad (poder público, responsable de una organización), o por el contrario puede ser un intento de establecer motivos para escapar a esta autoridad… o invocar otra. Así, las legitimidades son a la vez múltiples y a menudo en parte distintas de la ley: se pueden encontrar situaciones legales y legítimas, legales e ilegítimas para algunos, y legítimas e ilegales (de hecho, con frecuencia aún ilegales).

"En los regímenes democráticos se actúa como si la legalidad del ejercicio del poder, es decir, su conformidad con las leyes, sea suficiente para garantizar su legitimidad. Sin embargo, la legitimidad es mucho más subjetiva y expresa la adhesión profunda de la sociedad respecto a la forma en que es gobernada. Pero se observa un poco en todo el mundo que la brecha entre la legalidad y legitimidad del poder se ensancha. Una gobernanza es legal cuando el ejercicio del poder se rige por un conjunto de normas y principios basados en la tradición o consignados en una constitución, en leyes escritas y en la jurisprudencia.

La legitimidad de la gobernanza es una noción más subjetiva. Se refiere al sentimiento social de que el poder político y administrativo es ejercido por “buenas” personas, siguiendo "buenas" prácticas y en aras del interés común. Esta adhesión profunda de llas personas y del conjunto de una sociedad a la forma en que es gobernada, es un rasgo esencial de la gobernanza. Para que sea duradera, no puede jamás imponerse arbitrariamente, a pesar de su carácter autoritario y de los medios represivos a su alcance, sino que debe responder a un mínimo eco y adherencia social.

La democracia siempre ha tendido a considerar que un gobierno legal es automáticamente legítimo porque el apoyo popular a las formas de ejercicio del poder se manifiesta por el voto mayoritario de las constituciones y las leyes y que la adhesión a los medios específicos de ejercicio de esos atributos se renueva periódicamente mediante elecciones. La realidad es más compleja que la teoría. Si bien en algunos países, la Constitución es el acto fundador de la comunidad, en muchos otros es un documento para especialistas, poco conocido por las personas y sin conexión real con la práctica del poder ".

Por otro lado, la legitimidad entendida más allá de la propia legalidad se extiende a otros campos más allá de la legitimidad del poder político a escala nacional o internacional, como lo demuestra un estudio de Cruz Soto sobre la legitimidad administrativa, en el que analiza la importancia de “la legitimidad consensual, sustentada en el reconocimiento consensuado de los participantes, , con el que validan el actuar de la autoridad, aportando una dimensión sobjetiva más allá de la existencia de las propias reglas.

• Legitimación

La legitimación es el proceso mediante el cuál una autoridad determinada obtiene su lgitimidad.

“a) Una primera aproximación diría que la legitimidad sólo se confiere a regímenes que ejercen el poder de acuerdo a principios aceptados y establecidos, específicamente regímenes que gobiernan sobre la base del consentimiento popular.

b) Una segunda aproximación, sin embargo, destacará que la legitimidad también, y muchas veces, se logra a través de la manipulación de lo que saben, piensan o creen de los ciudadanos o aquellos que están llamados a reconocen el derecho a gobernar.”

• Afinidad política

No debe confundirse legitimidad política con afinidad política. En democracia, los votantes del partido político perdedor pueden lamentarse por haber perdido las elecciones, pero no por ello desobedecen al nuevo gobierno. Tampoco debe confundirse legitimidad con democracia, puesto que durante la Monarquía Absoluta, por ejemplo, el pueblo consideraba masivamente legítimo al monarca, que no había sido elegido por mayoría.

La legitimidad política se podría entonces definir desde dos perspectivas: la de quien obedece y la de quien manda. Desde la perspectiva de quien obedece, será legítimo aquel gobierno que accede al poder (legitimidad de origen) y lo ejerce (legitimidad de ejercicio) cumpliendo los requisitos que los que obedecen creen que tiene que cumplir para mandar. Desde la perspectiva de quien manda, será legítimo aquel gobierno que accede al poder y lo ejerce haciendo ver a los que obedece que cumple los requisitos para mandar.

La legitimidad así entendida es un compromiso entre ambos extremos. Desde luego, la teoría de la legitimidad no prejuzga la bondad o maldad de tal o cual régimen político, sino que examina, simplemente, los mecanismos de mando y obediencia. Resta decir que, en términos generales, cuando el poder pierde su legitimidad deja de ser poder, salvo que ejercite la coacción.

Legitimidad organizacional

Los distintos modelos organizacionales del trabajo implican diferentes explicaciones de la legitimidad en las organizaciones: el tipo ideal weberiano (modelo burocrático) descansa sobre la obediencia a las normas, el taylorista de la organización científica del trabajo (modelo cientifista) sobre la autoridad de la ciencia, el de la escuela de las Relaciones Humanas sobre el sentimiento de pertenencia (modelo humanista), y el de la cooperación negociada sobre la negociación y el acuerdo (modelo de la cooperación negociada).

Sin embargo, como el poder no se limita a la esfera política, la teoría de la legitimidad se puede utilizar para entender el ejercicio del poder, y esto en todas las áreas. Así, el concepto, que en primer lugar fue usado en ciencias políticas para explicar el ejercicio del poder político, fue también usado más tarde como herramienta de análisis de organizaciones tales como las empresas. La teoría de la legitimidad es, pues, un paradigma para la comprensión del ejercicio del poder en todo tipo de organizaciones.

"La legitimidad se basa en los principios de derecho, la justicia y la equidad. Para evaluar el cumplimiento de estos principios y así dar legitimidad a una actividad social y a la organización que la lleva a cabo, se debe insistir en lo que Weber llama el contenido significativo de una relación. Para Weber, la base del contenido significativo se basa normalmente en un acuerdo. A menudo toma la forma de un compromiso mutuo entre dos o varias partes.

La legitimidad aparece cuando las diferencias serán consideradas menores de lo que un umbral aceptable. En otras palabras, un comportamiento o acción social será calificado como legítimo cuando la percepción que ciertos ciertos grupos tienen de ciertos contenidos significativos se ajuste a sus expectativas (...) Esta acción es objetivamente "recíproca" en la medida en que los contenidos significativos se "corresponden" entre ellos, siguiendo las expectativas de cada participante (...)

Por lo tanto, se atribuye la legitimidad si hay coincidencia entre expectativas y acuerdos, o al menos una apariencia de concordancia entre estos dos conceptos. (...) No es necesario que ésta se centre en acciones proactivas. Como explica Weber, la omisión y la tolerancia hacen también parte de la actividad social ".

El aspecto fundamental de la teoría de la legitimidad es el concepto de contrato social. Este contrato social es la base sobre la cual descansan las expectativas de la sociedad con respecto a las organizaciones y sus comportamientos. Y esta brecha entre las expectativas y las percepciones de los individuos frente a los logros de las organizaciones será el elemento sobre el cual se establecerá un juicio de legitimidad.

Legitimidad organizacional aplicada a las empresas

El concepto de legitimidad organizacional se aplica a las empresas por el hecho de que sus actividades son consideradas de interés público. Es lo mismo para una serie de organizaciones tales como la industria. La teoría de la legitimidad conduce al investigador a observar cualquier organización como una institución que forma parte de un todo. Las cuestiones tratadas en el contexto de esta teoría por lo tanto implican una visión holística de las organizaciones, incluidas las empresas en las que operan y no la percepción de una institución fuera de la sociedad. En este sentido, esta teoría observa la organización como una entidad que forma parte de un conjunto de entidades interrelacionadas entre sí y con las personas con que interactúan.

La teoría de la legitimidad organizacional propone fases para describir la postura de la organización respecto de su legitimidad. Una compañía o el conjunto de un sector industrial se sitúa, en un momento preciso, en vías de establecer su legitimidad, de mantenerla, de ampliarla o de defenderla.

Legitimidad y mundialización

Gobernanza mundial

Uno de los motivos que ha llevado a la crisis de la legitimidad política es el progresivo distanciamiento entre las instancias teóricas y legales, por un lado, y las instancias reales por el otro, relacionadas con la toma de decisiones políticas. La mundialización ha dado lugar a la emergencia y construcción progresiva de un espacio político común a escala planetaria y fruto de ello, las decisiones de la mayoría de los Estados relacionadas con ámbitos tan decisivos para la vida cotidiana como la política económica, han dejado de tener lugar en los gobiernos de los estados. Una de las consecuencias de ello ha sido la progresiva aparición de la necesidad de extender, profundizar y clarificar el debate entorno a la legitimidad como paso necesario para fundamentar una gobernanza mundial.

Pero por un lado, la ausencia de una comunidad política mundial nos hace caer en la trampa, desde el enfoque teórico que asimila la legitimidad a la legalidad, de la imposibilidad de legitimar democráticamente cualquier decisión relacionada con el ámbito mundial, mientras los ámbitos de legitimidad sigan estando teóricamente reducidos a la soberanía legal de los estados. Ello hace aparecer tesis que defienden el privilegio de las relaciones interestatales como fuente única de legitimidad en la gobernanza mundial:

"Lincoln describió la legitimidad democrática como "el gobierno delpueblo, por el pueblo y para el pueblo". El "gobierno del pueblo" encarna la idea de una comunidad política y se refiere al hecho de que una decisión de la mayoría debe ser aceptada por una minoría, si ambas pertenecen a la misma comunidad. Ya que hasta ahora no existe una "comunidad mundial", la generalización de la decisión de la mayoría a nivel mundial - si fuera posible - no puede ser usada para un propósitos de gobernanza mundial. El "gobierno por el pueblo" se refiere a "la legitimidad por los procedimientos", e implica que las decisiones colectivamente vinculantes deben proceder de la expresión auténtica de las preferencias del electorado. El "gobierno para el pueblo" concierne la "legitimidad por los resultados", e implica que las decisiones colectivamente vinculantes deberían servir a los intereses comunes de la comunidad".

"Existe una dialéctica entre la subjetividad de las soberanías y el aumento de las interdependencias que explica el potencial de la socialidad incrustado en las relaciones entre estados y permite legitimar la existencia de una comunidad mundial, una especie de origen objetivo de adhesión a la norma. Las condiciones objetivas y sus transformaciones modelan la dimensión subjetiva.

Lo que es legítimo empieza y termina con la voluntad del Estado. El juez de la norma que debe aplicarse, sobre todo cuando se trata de recurrir al uso de la fuerza, es el propio Estado. Sin embargo, este poder puede actuar unilateralmente, pero no de forma aleatoria. Existe una línea de valores que dictaminan lo que puede hacerse de manera unilateral y es esa línea la que establece los límites entre el poder puro y el poder legítimo ".

Mientras, ni siquiera la existencia de una "defensa de los intereses nacionales" que algunos argumentan en el caso de la política internacional de grandes potencias como los Estados Unidos, parecen ya responder necesaria o realmente a los intereses de la ciudadanía norteamericana y sí a la de ciertas élites económicas internacionales o mundializadas. Este planteamiento tiraría por tierra el planteamiento legalista que privilegia a los actores estatales por el fundamento pretendidamente democrático de su legitimidad, y ayudaría a hacer valer la visión de la legitimidad de una multiplicidad de actores, entre los cuales, especialmente, la sociedad civil:

"Los Estados, por ejemplo, funcionan cada vez más como facilitadores de las actividades y las inversiones empresariales. Se puede pensar en lo que los presidentes americanos quieren decir cuando hablan de "intereses nacionales". Se refieren sólo parcialmente a "la seguridad nacional", pero la discusión - o por lo menos el subtexto – gira rápidamente hacia intereses económicos. Y esto no significa que el cuidado de los pobres, o situaciones como las de Darfur, Ruanda, o incluso Bosnia (recordemos la crítica condenatoria de Clinton desde la derecha realista). Irak no es una cuestión humanitaria, sino un juego geopolítico para asegurar un puesto avanzado en el Medio Oriente y una fuente de recursos petroleros.

Sin embargo, existen serios inconvenientes ante este punto de vista, que ha sido el punto de vista de la política exterior de EE.UU. desde hace décadas. Uno de los graves inconvenientes es que es empíricamente anacrónico. Incluso si aceptamos que el Estado sigue siendo el actor más importante en el ámbito internacional, otros agentes también han desarrollado funciones altamente eficaces. De hecho, gran parte de lo que cuenta en términos de los principios de legitimidad y de las obligaciones que éstos generan - como los derechos humanos o la responsabilidad medioambiental – están tan articulados por parte de los actores no estatales y los ciudadanos como por parte de los estados. Dado que esos principios y los intereses económicos y militares de los estados a menudo entran en conflicto, la presión de los actores no estatales ayuda a construir la esfera de la legitimidad, del consenso, y las normas en la sociedad internacional, así como el marco a través del cual los Estados pueden actuar legítimamente. Podemos ver esto en cierta medida en la batalla mundial que actualmente se juega entre los “intereses nacionales” de Estados Unidos y gran parte de la población del resto del mundo que acepta las normas de derechos humanos, medio ambiente, bienestar, desarrollo económico sólido, asistencia sanitaria y educación de calidad, entre otros, incluso si las élites de sus países siguen favoreciendo la versión estadounidense de la globalización neoliberal que promueve el crecimiento económico por delante de la calidad de vida”.

La cuestión de la legitimidad a escala mundial, más allá de la formalidad del ejercicio democrático, tiene que ver, según Calame, con una escucha rela de los diferentes intereses, especialmente los de las personas y los países más desfavorecidas y sin ninguna capacidad de decisión en los organismos internacionales y otros espacios mundiales públicos o privados de decisión:

"Muchas veces importa menos a una persona o comunidad saber que una decisión ha seguido los cauces legales que garantizar que su punto de vista ha sido escuchado, entendido y tenido en cuenta. Es por ello que los mecanismos democráticos tradicionales, compatible con una tiranía de la mayoría, no bastan para garantizar la legitimidad de la gobernanza.

Este tema de la equidad está en el centro de las dificultades de la gobernanza mundial actual. Ciertamente, el tiempo para una democracia mundial realmente representativa no ha llegado aún, pero ya se puede hacer mucho mejor de lo que el sistema censituario y desigual vigente en la actualidad, en el que los países más ricos tienen, especialmente por la ausencia de una fiscalidad mundial, el monopolio del poder.

Un sistema censitario en el que el G8 es el directorio del mundo, los Estados Unidos el censor o gendarme, en que el poder de los accionistas – privados en el caso de las empresas, públicas en el caso de las instituciones de Bretton Woods – tiene, de largo, mucho mayor peso que el poder ciudadano. Un sistema en el que las tecnoestructuras de los países ricos y las instituciones internacionales tienen el monopolio de la definición de los términos de la negociación. Para ser legítimos, los mecanismos de la gobernanza mundial deberían haber sido realmente negociados con todas las regiones del mundo y haber sido considerados como equitables. Y lo más importante, las prioridades deberían reflejar las verdaderas preocupaciones de los pueblos más numerosos y de los más pobres.

Mientras lo que sea aceptable o no de ser negociado sea fijado solamente por los países ricos (…) y éstos, a menudo bajo la influencia de sus agentes económicos, mantengan el monopolio de los conceptos (por ejemplo, la definición de lo que es bueno y de lo que es bien público) y de las estrategias (por ejemplo, la promoción de grandes instalaciones o de técnicas sofisticadas en detrimento de soluciones socialmente mejor adaptadas), los demás pueblos no se sentiràn implicados, ni siquiera comprometidos, por lo que sus élites políticas y administrativas habrán negociado en su nombre.

La equidad exige, por último, que las sanciones por el incumplimiento de las reglas sean disuasivas también para los más poderosos. Este no es el caso todavía, como se ejemplifica en la OMC, donde los países pobres no pueden permitirse los medios de conocer y manejar la complejidad de las normas, de financiar acciones contencionsas y, si éstas fueran exitosas, de aplicar sanciones disuasorias contra un país económicamente poderoso. Para que las sanciones sean reales, deberían ser aplicados automáticamente por todos los países y no sólo por el país afectado.

Evolución del papel de los Estados

El cuestionamiento del papel legal y real de los estados en el espacio de la mundialización, y el planteamiento de su evolución hacia la construcción de instancias interdependientes entre ellas y con los demás actores, y realmente abiertas a las necesidades ciudadanas para poder establecer una verdadera legitimidad, ha sido planteado por algunos autores:

"La búsqueda de criterios normativos críticos y analíticos que le sirvan de soporte en su análisis social lleva a Habermas a preguntarse por la legitimidad, aproximándose de esta manera a ‘’Problemas de legitimación del capitalismo tardío’’ (Amorrortu, Buenos Aires, 1975), donde explica la crisis del capitalismo para dotarse de legitimación. En ella denuncia la contradicción insuperable entre la lógica manejada por el capital –que busca el interés privado– y las cuestiones normativas manifiestas en los procedimientos democráticos, lo que lleva a que el poder del Estado se imponga coactivamente y sin las bases necesarias para su justificación tanto democráticas como comunicativas. La dominación económica se ve en la necesidad de una legitimación controlada por el Estado, que compense las disfunciones del mercado. Pero el Estado se ve sobrecargado de las demandas sociales y sin posibilidad de atención, ocasionando una crisis de legitimación; además, se orienta más por las cuestiones técnicas que por la realización de las normas práctico-morales y la participación política real de los ciudadanos en su conformación. Ante tal situación, Habermas se inclina a plantear que el poder sólo puede legitimarse mediante discusiones públicas razonables en las cuales los ciudadanos puedan contener el papel privatizador que ha adquirido el Estado."

Sin embargo para establecer una cartografía adecuada de la evolución de los estados es fundamental observar cómo la mundialización opera en los territorios y regiones con una tradición política diferente de la de la cultura occidental en la que se generaron los estudios sobre la legitimidad y su relación teórica con la democracia moderna. Ejemplos de ello son los estados frágiles (ver más adelante), en conflicto y las llamadas democracias en transición. El estudio de los determinantes de la emergencia de un poder legítimo permite observar algunas fases, tal como lo muestra Gatelier y Dijkema en su estudio sobre los estados postcomunistas:

• El origen del impulso y del control del proceso por la comunidad internacional: Debido precisamente al aporte financiero del proyecto, su apacidad para abordar las raíces del conflicto debe ser cuestionado. Los intereses de los donantes internacionales no necesariamente coinciden con las prioridades de la sociedad que debe reconstruirse. Sin embargo, este cambio provoca en ocasiones la desconfianza respecto de los actores extranjeros. La comunidad internacional, dotada de su propia legitimidad exterior, debe saber encontrar apoyo en el país para ganar legitimidad interna. La instauración de monarcas es una solución que a menudo ofrece esta posibilidad, en parte debido a que representan unidad y continuidad, debido a la legitimidad tradicional de la que gozan. Por otro lado, a menudo representan también al período de paz que precedió al conflicto.

• Búsqueda de la legitimidad: En una democracia, la legitimidad proviene principalmente las elecciones. Sin embargo, este modelo de democracia representativa basada en el sufragio universal, dentro de los contextos que se estudian, cohabitan con patrones tradicionales de legitimación. La superposición de estas prácticas diferentes da lugar a sistemas singulares. La historia y la etnología aportan explicaciones a la emergencia o al mantenimiento de los actores con poder y ayudan a determinar las fuentes de legitimidad política y el proceso de legitimación. Los procesos de legitimidad son diversos y articulan diversas fuentes de legitimidad, que se basan en instituciones modernas, tales como las elecciones democráticas, o en la legitimidad tradicional, transformados y adaptados según patrones exógenos como la ideología comunista.

• La institucionalización del poder: La legitimidad del Estado encuentra una legitimidad rival: “la nueva legitimidad del mercado, en adelante presente en la arena política”. En el proceso de transición politica, los países de Europa Central y Oriental (PECO) se enfrentaron a dos urgencias: deshacerse del Estado-partido y construir una economía de mercado. El capitalismo competitivo implicaba una desnacionalización masiva de la economía administrada, mientras el mercado se vio envuelto en la corriente de aire causada por la implosión de la burocracia. Ante un estado que es percibido por la perversión de sus funciones - aparato represivo y burocrático- el contexto fue particularmente receptivo a la idea de que el mercado se extienda por completo sobre el estado. Se da pues una fuerte promoción de la economía y entre los principales puntos de referencia del nuevo discurso de legitimación, se ve al mercado como elemento prometedor de libertad y de bienestar."

Construcción de la agenda mundial

La crisis de legitimidad, especialmente de las instituciones políticas pero también de los principales actores financieros, económicos y culturales, tiene una relación directa con la percepción que una parte más o menos importante de la opinión pública en cada país y región geocultural del mundo, tiene de la ética y la justicia sociales, de los horizontes o metas genérales que deberían alcanzarse para cumplir ese estado de justicia y del hecho de no existir indicios de que estos actores líderes estén caminando de forma efectiva hacia la consecución de estas metas. La diversidad de actores y de países implicados permite pensar a algunos que es el conjunto del sistema (la sociedad a escala mundial) el que está en crisis de legitimidad, y que ésta tiene que ver con el modo caótico e injusto en que se está produciendo el proceso de mundialización

Los objetivos de desarrollo del milenio son, sin cubrir todo el espectro de horizontes y de actores implicados, un ejemplo de lo que aquí se quiere decir. Pero vale la pena a pesar de ello listar ejemplos que muestren la diversidad de situaciones y de percepciones o enfoques en juego. Así, por ejemplo, en África, la ineficacia y corrupción de los actores políticos ha sido relacionada con su incapacidad o su falta de voluntad para construir un sistema fiscal fuerte, que permitiría, mucho más que la ayuda exterior, erradicar la pobreza y salir del subdesarrollo económico.

"No hay movilización de recursos nacionales para el desarrollo en los países africanos", dijo a IPS Percy Makombe, administrador de programas de la Red por Justicia Económica (EJN, por sus siglas en inglés), con sede en Ciudad del Cabo. "La historia demuestra que ningún país saldrá de la pobreza a través de la asistencia exterior. Pero una efectiva movilización de recursos puede ayudar al desarrollo de los países africanos", dijo Alvin Mosioma, coordinador de la oficina en Nairobi de la Red para la Justicia Fiscal.

La mayoría de los gobiernos africanos invierten grandes porcentajes de sus presupuestos anuales en pagar deudas, mientras que grandes compañías extranjeras sacan dinero de esas naciones gracias a exoneraciones impositivas o a través de evasiones. A las empresas multinacionales no se les aplican impuestos adecuados debido a la falta de capacidad de las autoridades africanas para adoptar sistemas fiscales apropiados.

Un informe publicado en 2008 por Christian Aid, titulado "Muerte e impuestos: el verdadero costo de la evasión fiscal", indica que este problema le priva a los países menos adelantados (PMA) unos 160.000 millones de dólares al año.

El administrador de Christian Aid para África Oriental, Dereje Alemayehu, dijo a IPS que los PMA perdían muchas ganancias debido a la fuga de capitales causada por grandes firmas occidentales. Alemayehu explicó que esto ocurre por vías diferentes. En primer lugar, a través de facturaciones falsas, en las que las empresas adulteran los precios y los costos para reducir la responsabilidad fiscal. En segundo lugar, a través de la llamada manipulación de precios de transferencia, por la cual las compañías se venden entre sí a precios inflados, abultando los costos en las transacciones financieras intra-corporativas. En tercer lugar, mediante el fenómeno conocido en inglés como "round-tripping" ("viajando de ida y vuelta"), por el cual empresas que operan en un país africano envían su dinero al exterior y lo traen de regreso como "inversión extranjera" para gozar de tratamiento fiscal preferencial.

Malawi perdió 125 millones de dólares en desgravaciones fiscales solo en el periodo 2008-2009, según el Ministerio de Finanzas. Este monto es similar a lo que el gobierno gasta al año en subsidios a los granos, que durante años le han permitido mantener excedentes en la producción. "Multinacionales vienen a invertir en países africanos gracias a los muchos incentivos incluidos en nuestros regímenes impositivos", dijo a IPS el parlamentario malauí Bejamín Chikusa.”

Emergencia de un derecho mundial

Livermore analiza la evolución del Codex Alimentarius como un ejemplo de conjunto de normas voluntarias que adquieren progresivamente un carácter compulsivo y provocan la emergencia de un nuevo espacio normativo a escala mundial apoyado por una nueva autoridad en esta materia.

"El Codex es un organismo internacional de creación de legislación sobre la alimentación, creado en 1964, que experimentó un aumento significativo de su autoridad en 1994, cuando sus normas se incorporaron al régimen de la Organización Mundial del Comercio (OMC) a través del Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias y del Acuerdo sobre Barreras Técnicas al Comercio. Normas que había sido totalmente voluntarias hasta entonces tienen ahora el rango de ley en el sistema de comercio mundial. Este cambio ha desafiado al Codex al someter su proceso de toma de decisiones a un nivel mayor de rendición de cuentas y, al mismo tiempo socavar las deliberaciones que se encontraban en el centro de su buen funcionamiento y de su demanda de legitimidad.” Según el autor, “los procesos deliberativos interiores del Codex no podrán resolver por sí solos el dilema de su legitimidad, sino que la estructura del régimen de la OMC, que divide el poder entre varios órganos independientes, crea la posibilidad de un control externo en el Codex en forma de control jurisdiccional ejercido por el Órgano de Apelación de la OMC. Livermore propone que el Órgano de Apelación revise la toma de decisiones del Codex a favor de una mayor justicia procesal y una debida consideración de las opiniones de los Estados minoritarios. Livermore también valora las lecciones que se pueden extraer de los éxitos y de las dificultades del Codex para el diseño de otros regímenes internacionales en el futuro ".

Legitimidad de los actores no estatales

Organizaciones de la sociedad civil (OSC)

La cuestión de la legitimidad de los actores transnacionales de la sociedad civil ha recibido atención académica reciente, con Alison Van Rooy y David Brown que ofrecen una contribución particularmente sistemática y exhaustiva. Van Roy útil desglosa el concepto de legitimidad en relación con las organizaciones de la sociedad civil (OSC) en un contexto global. Ofrece un análisis bastante detallado de la representación, entendida en términos de la naturaleza de la membresía, así como de la democracia interna de las OSC transnacionales. Por otra parte, identifica otra serie de reglas de legitimidad, por ejemplo, relacionadas con reclamos basados en los derechos, con la experiencia, la autoridad moral, y la independencia. De manera similar, Brown desarrolla métodos para evaluar la legitimidad y la rendición de cuentas de las OSC transnacionales. En particular, destaca las formas en que las propias OSC pueden mejorar su legitimidad, como organizaciones individuales, así como a nivel de los sectores de la sociedad civil de los que forman parte y de la participación en campañas que dan lugar a partenariados con OSC de sectores diversos.

El crecimiento y alcance mundial de la sociedad civil y concretamente de las ONG levanta cuestiones sobre la legitimidad de su acción. La rendición de cuentas de las ONG se ha relevado como un elemento consubstancial a su legitimación pero tradicionalmente esta rendición de cuentas ha consistido más en mediciones cuantitativas sobre aspectos como el alcance de la población concernida o el dinero empleado, y menos en valoraciones cualitativas sobre los resultados conseguidos y otros factores diversos.

El concepto de legitimidad se refiere a las percepciones de distintos interesados de que la existencia, actividades e impacto de las OSC se justifican y son apropiados en términos de valores sociales e instituciones. Por ejemplo, Edwards definió la legitimidad como el “derecho de ser y hacer algo en la sociedad, la lógica de que una organización es legal, admisible y justificado en su curso de acción”. La legitimidad se basa en las percepciones de los socios e interesados en el amplio ambiente en el cual las organizaciones están inmersas. El concepto se ha desarrollado en temas de sistemas políticos, pero también se ha convertido en una preocupación reciente de organizaciones del desarrollo y de actores de la sociedad civil.

Por lo menos cuatro tipos de legitimidad son importantes para las OSC. Estas formas de legitimidad son en gran parte el producto de fuerzas externas y de dinámicas que no están bajo el directo control de las OSC. Estas son:

• Legitimidad Legal: La legitimidad puede estar relacionado con el cumplimiento de regulaciones y de requerimientos legales, tales como los requisitos de registro que impone el estado o el cumplimiento de leyes nacionales y códigos que regulan la actividad de las OSC. Las OSC que han sido certificadas por el Concejo Filipino de Certificación de ONG, por ejemplo, han obtenido un estatuto legal que permite a sus donantes deducir las contribuciones de los impuestos. Esta forma de legitimidad se basa en el poder del estado y en su legislación.

• Legitimidad Normativa: Los reclamos en torno a la legitimidad de las OSC también pueden basarse en valores sociales, en normas y en estándares. Se considera o percibe que las OSC con legitimidad normativa cumplen con las normas de funcionamiento (“hace un buen trabajo”), que tienen estructuras y procesos adecuados (“representa a su membresía, a su comunidad”), que cumplen con su función (“las OSC son buenas para la organización de grupos de base”), o con adecuado liderazgo y personal (“su liderazgo y dirección son personas comprometidas y efectivas”). La legitimidad normativa es particularmente importante para las OSC dado que a menudo se trata de organizaciones que trabajan los valores y que enfatizan la contribución al bien público en el centro de su misión y razón de ser.

• Legitimidad Pragmática: La legitimidad de las OSC también puede derivarse del valor instrumental que le entregan a los distintos socios o partes interesadas, tanto en términos de resultados específicos o más en general en términos de crear las condiciones que satisfagan los intereses de la diversidad de socios o partes interesadas. Las organizaciones de cabildeo o que brindan servicios pueden entregar beneficios inmediatos y por lo tanto se las percibe como legítimas; pueden también contribuir a crear mejores contextos generales (mejor salud pública; más responsabilidad de parte de las agencias de gobierno) que sean favorables a las partes interesadas y por ende ganar su apoyo.

• Legitimidad Cognoscitiva: Se percibe también a las OSC como legítimas si sus fines son apropiados, adecuados y que “tienen sentido” para la sociedad en general. La legitimidad cognoscitiva puede derivar de la aceptación de que las actividades organizacionales tienen cabida en una historia comprensible y aceptable acerca de sus roles en la sociedad. También puede derivar de las percepciones de que la organización es una institución social a la que “se la da por descontado” por la sociedad como formando parte de “la forma como son las cosas” (statuo-quo). Esto es comprobable, por ejemplo, para el caso de las iglesias y algunas organizaciones educativas en muchas sociedades.

Pero podemos identificar por lo menos cuatro enfoques que ofrecen a las OSC oportunidades de fortalecimiento de su legitimidad. Las primeras tres se enfocan en la alineación de la OSC con contextos actuales de legitimidad y las OSC; el último enfatiza la creación de nuevas historias y definiciones de legitimidad en el momento que los contextos cambian o de forma de responder a la innovación.

• Ser conforme a los modelos vigentes de organizaciones legítimas. Las OSC pueden adoptar estructuras, procedimientos y sistemas que hacen a la agencia asemejarse a otras organizaciones a las que ampliamente se percibe como legítimas. La adopción de mecanismos de gobernanza que usan otras organizaciones en el terreno, por ejemplo, puede conferir legitimidad. Este abordaje se basa en las bases normativas, legales y cognoscitivas de la legitimidad para fortalecer las percepciones externas que se tienen de la organización.

• Informar a las partes interesadas externas en términos legítimos. Las OSC pueden describir sus actividades con base en los estándares vigentes sobre legitimidad y las expectativas generales. Este abordaje puede utilizar la legitimidad pragmática y enfatizar las contribuciones de partes interesadas específicas o puede formular la historia de la OSC para acentuar las expectativas legales, normativas o cognoscitivas.

• Manipular mitos, símbolos y ceremonias para crear legitimidad cognoscitiva. Las OSC pueden hacer uso de expectativas cognoscitivas vigentes para moldear las percepciones sobre su legitimidad de las partes interesadas. La adopción de esquemas de monitoreo y evaluación aprobados por los donantes, por ejemplo, puede fortalecer la legitimidad de la OSC con esos donantes, aún cuando la OSC no los use como métodos de aprendizaje activo o de fortalecimiento institucional.

• Construir nuevas definiciones y normas de legitimidad. La alineación de las actividades de la OSC con estándares vigentes pueden apoyar el estatus quo que la OSC en realidad quiere cambiar. Puede ser necesario desafiar las leyes vigentes, las normas, las cogniciones y los intereses de forma de construir una legitimidad consistente con la transformación social deseada. Las OSC pueden reformular las definiciones vigentes para demostrar sus consecuencias negativas y usar su propia experiencia para articular nuevos entendimientos sobre sus legítimos objetivos. El movimiento de mujeres, por ejemplo, redefinió la naturaleza de los “derechos humanos” y logró que incluyera los conceptos de violencia doméstica contra las mujeres, así como abusos por parte del Estado, lo que es una redefinición que implica que el estado tiene la obligación de intervenir para proteger a la mujer incluso en la esfera privada de su propio hogar.

Por otro lado, el trabajo que algunas OSC llevan a cabo en el campo de la producción normativa internacional es también una contribución a su propia legitimidad, como lo demuestra por ejemplo el caso de organizaciones de certificación como la FLO-CERT, el organismo certificativo que hace parte de Fairtrade Labelling Organizations International (FLO), o el Consejo de Administración Forestal (Forest Stewardship Council). La legitimidad de estas organizaciones se entiende, más allá del sentido clásico de la legitimidad democrática, desde la perspectiva de una legitimidad procedural y sustantiva.

Empresas transnacionales (ETN)

En el segundo capítulo de su trabajo sobre la legitimidad más allá del estado, Erman y Uhlin tratan de establecer una cartografía conceptual de la legitimidad de lo que denominan “actores transnacionales” (ATN) (‘’Transnational Actors, TNA’’). Entre los ATN se incluyen las empresas transnacionales, fundaciones filantrópicas, organizaciones no gubernamentales, los movimientos sociales y comunidades de diáspora. Se trata según los autores, de lostipos de ATN más importantes para el análisis de los problemas de la democracia y la democratización de la gobernanza mundial. (…) El trabajo trata de la legitimidad por el procedimiento (input), por el proceso (throughput) y por los resultados (output), así como sobre los valores democráticos, como la representación, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación y la deliberación. La legitimidad por el procedimiento se refiere a la relación entre el actor y los grupos o personas afectadas por sus actividades. La legitimidad por el proceso trata sobre los mecanismos de toma de decisiones de los actores. La legitimidad por elresultado trata de las consecuencias de las decisiones y otras actividades de los actores implicados.

En el tercer capítulo de la misma obra, Fuchs, Kalfagianni, y Sattelberger investigan la legitimidad democrática de las empresas transnacionales (ETN) como actores en la gobernanza mundial. Las ETN juegan un papel cada vez más prominente en la creación de normas privadas y públicas a nivel mundial. Empíricamente, el capítulo se centra en casos de gobernanza ambiental pública y privada. Los autores argumentan que, como las ETN no son elegidos por un demos, su papel como productores de normas es controvertido y debe ser analizado de forma crítica. Según los autores, ni la legitimidad por el procedimiento ni la legitimidad por los resultados, se aplican a los esfuerzos de autorregulación y de corregulación de las ETN. En su lugar, sostienen que la legitimidad democrática de las empresas transnacionales es mejor tratarlo en términos de nociones tradicionales como la participación democrática, la transparencia y la rendición de cuentas. El papel de las ETN en la gestión pública y privada, sin embargo, revela un gran déficit en cuanto a estos requisitos para la democracia.

Democratización de las organizaciones

Como forma de hacer frente a la concentración de poder de toma de decisiones fruto de los procesos de verticalización que forman parte de la mundialización, se mantienen propuestas y experiencias de mundialización democràtica y también de "maximalismo democrático" consistentes en la introducción de procesos de control y toma de decisiones colectiva en el seno de organizaciones que se mundializan como multinacionales, partidos políticos, instituciones internacionales, sindicatos.

Macdonald desarrolla una ambiciosa teoría normativa no ideal, teorizando sobre las credenciales democráticas de los llamados actores transnacionales (ATN), centrándose en el poder político y la representación. Su teoría de la "democracia mundial de las partes interesadas” (Global Stakeholder Democracy) se centra en las ONG, pero afirma que la teoría debe ser aplicable también a otros agentes en la gobernanza mundial. Macdonald afirma que deben aplicarse diferentes tipos de requisitos democráticos a los diferentes actores, basándose en las formas de poder ejercido por cada actor en vez de en una tipología organizacional previamente construida.

En comparación con el análisis Macdonald que se limita a las ONG con acceso privilegiado a las organizaciones internacionales, el enfoque de Erman y Uhlin parece mucho más amplio. Las ONG y otros ATN tienen potencial para influir en la gobernanza mundial en una serie de formas que no implican la participación formal en la formulación de políticas mundiales. Por ejemplo, las actividades de protesta y las campañas de los medios de comunicación de las ONG y los movimientos sociales transnacionales, el trabajo de presión en secreto así como las decisiones de las empresas transnacionales sobre inversiones, pueden proporcionar a estos actores más influencia de la que generaría un acceso formal a los órganos de decision a escala mundial. Por lo tanto, a estos autores les ha resultado útil ampliar el enfoque para incluir no sólo los diferentes tipos de ATNT, sino también diferentes contextos de gobernanza mundial en los que actúan.

El término democracia mundial no debe ser interpretado como una única concepción de la democracia. Por el contrario, está destinado a capturar todas las concepciones de la democracia más allá del Estado-nación, como la democracia cosmopolita, la democracia transnacional y la gobernanza mundial deliberativa.

Operaciones de paz

Frente al consagrado “derecho de no injerencia” que ha imperado en la política internacional durante décadas, el “deber de injerencia humanitaria” se ha venido desarrollando desde los años 1990 a la vez que fundando su legitimidad en diversas fuentes, las cuales también han ido reforzándose mutuamente. Según Wiharta "los déficits percibidos en una operación de legitimación pueden socavar seriamente su eficacia. La legitimidad comprende tres elementos interrelacionados que se refuerzan mutuamente: el consenso político, la legalidad y la autoridad moral.

• El consenso político se refiere a un acuerdo, expreso o tácito, entre los actores externos y el gobierno anfitrión, de que una operación de paz es necesaria y apropiada.
• La legalidad: La legitimidad de una misión es vista generalmente determinada por un consenso político y por la legalidad internacional.
• La autoridad moral:La conducta del personal que participa, determina en gran medida la autoridad moral de una operación de paz".